Ante las recientes manifestaciones sociales, las cuales han tenido un apoyo mayoritario e histórico de la comunidad educativa en toda su diversidad (alumnos, apoderados, profesores, académicos y rectores) y dada nuestra imposibilidad de participar activamente en éstas por estar fuera del país, los abajo firmantes declaramos lo siguiente:

1) Chile posee un sistema educativo altamente privatizado, segregado, desigual y de cuestionable calidad. Este sistema reproduce, fortalece y legitima las profundas desigualdades sociales y económicas existentes en Chile.

2) Esta situación que, con algunas variaciones, nos ha acompañado a lo largo de toda nuestra historia, se ha visto agravada por un diseño de políticas educativas que ha puesto un peso desmedido en el mercado como proveedor y ente asegurador de la calidad, y que, para mayor gravedad, ha sido construido en ausencia de toda deliberación democrática.

Esta apuesta de los últimos 30 años por la desregulación y por el carácter subsidiario del Estado se ha expresado en medidas tales como: la despreocupación administrativa y económica por parte del Estado con sus liceos y universidades, la descentralización a través de municipios de la administración escolar, el cobro de elevados aranceles a las familias, la posibilidad de seleccionar/excluir alumnos por parte de colegios que reciben financiamiento estatal, la desregulación del sistema universitario, la inexistencia de una política de educación superior técnica y el lucro ilegal por parte de universidades.

A consecuencia de estas políticas, el sistema de educación pública, en todos los niveles, se encuentra en un estado crítico. Por lo mismo, consideramos que este modelo de mercado ya ha fracasado, y es momento de reconocer este hecho y que como país hagamos una apuesta decidida en otra dirección. Las movilizaciones a las que estamos asistiendo expresan el profundo anhelo de cambio que existe hoy en la ciudadanía. Los pingüinos del 2006 y las masivas protestas de este año son muestra de ello. En ellas se le pide al Estado que se haga responsable de mejorar sustantivamente la educación pública y que haga respetar el derecho a la educación.

3) Es innegable, a la luz de la experiencia internacional, que las demandas de esta movilización social son viables y alcanzables en un horizonte de mediano plazo, si es que toman las medidas en la dirección correcta. Es posible, pues sucede en otros países, tener un sistema educativo público que entregue una educación de calidad, plural, gratuita y asequible para todas las clases sociales.

4) Por todas estas razones y por nuestro convencimiento de que se requieren cambios profundos, a la altura de la crisis, es que nos hacemos parte del llamado a paro de este Jueves 30 de junio. Con la esperanza que la expresión colectiva de esta movilización allane el camino para tales transformaciones y permita que esta vez sea el debate democrático y participativo el que nos permita redefinir nuestro sistema educativo, conjugando la igualdad, la libertad y el desarrollo del país.